La FUBA acusa al macrismo de utilizar “los mismos métodos que la dictadura militar”   Leave a comment

Tres estudiantes sancionados contravencionalmete denunciaron al gobierno de Mauricio Macri por “espionaje y persecución” al descubrir que ellos y otros universitarios fueron objeto de una investigación de 600 fojas con fotos y videos. P&M dialogó con dos de los imputados, quienes advirtieron sobre la existencia de “una lista negra”.

En medio del escándalo por las escuchas ilegales y las polémicas reformas que quiere implementar el PRO en el Código de Convivencia Urbana de la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de la FUBA denunciaron duramente al gobierno de Mauricio Macri por “espionaje y persecución”, advirtiendo sobre una minuciosa tarea de inteligencia y el armado y planificación de “una lista negra”.

Los hechos ocurrieron luego de que el gobierno macrista enviara hace un mes a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y de Ciencias Sociales sanciones por faltas contravencionales contra tres dirigentes estudiantiles por haber participado el año pasado en una marcha en apoyo con los trabajadores de la empresa Kraft Terrabusi.

Pero cuando los tres estudiantes involucrados -Juan Oribe, vicepresidente del CEFyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras), Jessica Calcagno, ex presidenta del CECSo (Ciencias Sociales) y Patricio del Corro, secretario general del CECSo- tomaron conocimiento del expediente judicial del caso, entendieron que no se trataba de una simple contravención.

“La causa tiene 600 fojas, fotografías de todos los estudiantes, investigaciones sobre la filiación política de los mismos y filmaciones de la propia Policía Federal que apuntan a los cortes realizados en solidaridad con Kraft durante los últimos 6 meses”, advirtieron en un comunicado los estudiantes y detallaron que estas “tareas de inteligencia” fueron solicitadas por el fiscal Aníbal Brunet, quien lleva adelante la causa en la Fiscalía del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, informaron que se presentaron ayer ante la fiscalía “donde los responsables se negaron a responder de dónde provenía toda esa información que nada tiene que ver con una simple contravención por obstrucción de la vía pública”. En ese marco, los tres estudiantes se negaron a declarar.

“Hay una orden política y una luz verde hacia esta fiscalía de hacer espionaje y tareas de inteligencia sobre las protestas estudiantiles que se realizaron no solo el año pasado, sino también en la actualidad y en los cortes que se van a hacer”, denunció ante Política&Medios Juan Oribe, vicepresidente del CEFyL.

Además, el dirigente estudiantil remarcó que el expediente “es una lista negra que tienen los fiscales, la Policía Federal, los cuales saben perfectamente a quien sacar las fotos. El fiscal ha procedido de forma ilegal por lo tanto vamos a pedir la nulidad de las contravenciones”. Y enfatizó: “Utilizan los mismos métodos de la dictadura militar”.

En este marco, Oribe explicó que es ilegal que hagan una tarea de espionaje con fotos y filmaciones a las protestas ya que tienen que poseer la orden de un juez. Asimismo, consideró que “el fiscal se extralimita de sus deberes de funcionario público porque sólo te pueden levantar una contravención si te agarran en el lugar, in situ, no te pueden contravencionar a partir de una tarea de inteligencia y espionaje sobre las protestas”.

A la hora de señalar responsables, el dirigente culpabilizó al gobierno macrista, aunque acusó enfáticamente al jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien en noviembre del año pasado –según cuenta el estudiante- junto al fiscal Brunet, “instigaron el desalojo y represión de los piquetes que se habían realizado en Callao y Corrientes y donde el jefe de Gabinete dijo públicamente que el fiscal era un ejemplo a la hora de manejar las protestas estudiantiles.”

Ayer, antes de que los tres estudiantes se presentaran ante la Fiscalía, hubo una convocatoria estudiantil en Callao y Bartolomé Mitre con la presencia de Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo, organismos de Derechos Humanos y la Comisión Interna de Kraft, entre otras organizaciones de trabajadores.

Allí mismo, la secretaria del fiscal, quien está de licencia por vacaciones, les confirmó que la causa seguiría abierta y que la Fiscalía y la Policía Federal continuaría interviniendo en todas las protestas que de ahora en más se lleven adelante.

Así lo contó a P&M Jessica Calcagno, ex presidenta del CECSo y también contravencionada por el gobierno de la Ciudad, quien ratificó que cuando ayer fueron a declarar vieron “que el expediente eran como una lista negra”. Y agregó: “Es un servicio de inteligencia, donde tienen videos filmados por la Policía federal con personal de civil, lo cual es ilegal y está prohibido por una ley nacional”.

La estudiante señaló que la pena por las contravenciones que se les imputa es de trabajo comunitario o una multa hasta 1000 pesos, aunque sostuvo que “esta falta no tiene nada que ver con el trabajo de inteligencia que se mandaron. Una simple contravención no amerita semejante investigación”.

Esta tarde los estudiantes marcharon con máscaras blancas del Obelisco a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, como parte de la coordinadora “La Dignidad no se Privatiza”, para rechazar el espionaje contra los estudiantes, exigir la disolución de la Policía Metropolitana y del Código Contravencional “que busca profundizar la criminalización de la protesta y de la pobreza”.
La participación de la Metropolitana. Los dirigentes estudiantiles aseguran que la Policía Metropolitana, cuestionada por tener en sus filas a hombres como Jorge “Fino” Palacios –detenido por las escuchas ilegales-, está involucrada también en las “tareas de espionaje” efectuadas contra los universitarios.

“Ahora queda claro porqué (Mauricio) Macri quiere la Metropolitana: pretende tener un aparato propio para tratar de llevar adelante las políticas y tareas de espionaje que viene haciendo la Policía Federal”, sostuvo Juan Oribe vicepresidente del CEFyL.

Además, el dirigente denunció “una clara convivencia entre la Policía Federal de Aníbal Fernández y el gobierno de la Ciudad para llevar adelante estos métodos de espionaje y persecución”. Y añadió: “Macri quiere montar su propio aparato represivo que lleve adelante y garantice las reformas reaccionarios que quieren impulsar en el Código Contravencional contra los estudiantes o contra los trapitos”.

Jessica Calcagno, por su parte, confirmó que la Metropolitana estaba presente en las marchas que realizaban los estudiantes y que “empezó a actuar y a crear su propia base de datos”.

“Hacemos responsable también a la Policía Federal que es la que realiza la investigación y depende del Gobierno nacional”, dijo la dirigente y concluyó a modo de análisis: “Lo que muestra esta actitud es que hay una continuidad de actividades persecutorias y de espionaje por parte de las fuerzas represivas, sea la Federal o de la Metropolitana”.

Daniel Mecca (publicado en Política y Medios el 23 de abril de 2010)

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Publicado abril 27, 2010 por danielmecca en Notas en la prensa

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